HUMANIDADES

El Diccionario de filosofía de Walter Brugger es un obra de referencia clásica desde hace más de cincuenta años. Presentamos aquí su nueva edición, totalmente revisada y ampliada bajo la dirección de Harald Schöndorf (profesor de Epistemología e Historia de la Filosofía en la Hochschule für Philosophie de Múnich). Casi todos los artículos han sido reescritos con el fin de recoger los grandes cambios que se han producido en el panorama filosófico de las últimas décadas. Asimismo, se han introducido nuevas entradas, relativas sobre todo a la filosofía del lenguaje y a la filosofía política. No obstante, el conjunto respeta la fisonomía y el espíritu de la obra original de Brugger. El cuerpo de artículos va acompañado de una bibliografía selecta orientada a facilitar un estudio más profundo de los conceptos. El diccionario se complementa con un amplio esquema de la historia de la filosofía, tanto oriental como occidental.

La dimensión argumentativa del Derecho - El Derecho como argumentación - es una clave esencial para entender a fondo muchos problemas de la teoría del Derecho y para actuar con sentido en el contexto de las diversas prácticas jurídicas de los Estados constitucionales. Dar cuenta de esa dimensión exige, por lo demás, una teoría compleja en la que se integren los componentes formales, materiales y pragmáticos (retóricos y dialecticos) de la argumentación.

Un libro polémico que ha de irritar a muchos porque la sinceridad no gusta a quienes están acostumbrados al discurso «políticamente correcto», es decir, a la realidad maquillada, a la verdad silenciada y al elogio ritual. Un libro dirigido a los que padecen por la Injusticia disfrazada de Justicia y a quienes buscan lo que hay detrás de las leyes hipócritas, de las palabras altisonantes y de las ideologías hueras. Alejandro Nieto, después de haber analizado implacablemente en otro ensayo lo que es la realidad de la Justicia y la Ley, se concentra ahora en el Poder Judicial demostrando que no es un Poder constitucional, desde el momento en que está subordinado al Poder político, que sus miembros, diga lo que diga la Constitución, no son independientes ni responsables y, por otro lado, que la organización judicial en su conjunto no es sino un mero servicio público, el de la Administración de Justicia, que más que administración es desgobierno. La prensa informa diariamente de los desastres de esta Administración –de sus retrasos, de sus costes, de sus disparates- y de su sumisión al gobierno a través de un Consejo General del Poder Judicial descaradamente manipulado por los partidos políticos. Todos estos hechos son bien conocidos y lo que faltaba era relacionarlos en un síndrome global que aquí se llama el desgobierno judicial.