Por primera vez en España, una administración abrió en 2021 un procedimiento sancionador a una psicóloga sevillana bajo la acusación de promover terapias de conversión para personas trans. Le ocurrió a Carola López Moya, después de haber sufrido una auténtica cacería de varias organizaciones que la denunciaron ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, por unos tweets en los que afirmaba que «las mujeres trans son varones» o que «las cirugías de reasignación de sexo son un negocio que se lucra del malestar que produce el género».
Finalmente, la Junta archivó el expediente, ya que consideró que las opiniones de la psicóloga no constituían una infracción administrativa penada con multas de entre 60.000 y 120.000 euros, o incluso con la inhabilitación temporal. Pero esto le sirvió a Carola López para aprender cómo funcionan las campañas de acoso del transactivismo y las estrategias de manipulación sectarias que utiliza.
