DERECHO

Los gobiernos de las monarquías absolutas han sido, a menudo, definidos como estructuras políticas carentes de constitución. Sin embargo, la estructura de poderes de estas sociedades de Antiguo Régimen tenía un equilibrio que, aunque frágil, dotaba al resto.

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Resistir, repartir, compartir. Estos tres infinitivos sintetizan las estrategias sucesivas de la jurisdicción constitucional alemana respecto a la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea, desde la sentencia Solange I (1974) a la sentencia Derecho al olvido II (2019) pasando por la sentencia Solange II (1986): resistir para preservar la plenitud de su control, repartir el objeto de control sacrificando la plenitud jurisdiccional con el fin de preservar la exclusividad y pureza del parámetro propio y, finalmente, compartir el parámetro de control para recuperar la plenitud de control abandonada. Estrategias sucesivas en defensa de la jurisdicción constitucional como institución y para preservar una idea de identidad constitucional.

Es para mí un gran honor prologar este Tratado de Derecho constitucional multidisciplinar, editada bajo la dirección general del profesor Jorge Isaac Torres Manrique y con la dirección científica del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Moquegua, Francisco Flores Mita, porque la obra aborda, desde dos continentes y con una perspectiva multidisciplinar, un ámbito necesitado de constante estudio y lo hace a través de interesantísimas contribuciones de autores procedentes de múltiples países que nos ofrecen un enriquecedor análisis comparado e interdisciplinar de importantes aspectos relativos al Derecho constitucional”. Prof. Dr. Dr. h. c. Miguel Abel Souto (España) “El sistema jurídico actual (esto es, el Estado Constitucional de Derecho, vigente en, prácticamente en todo el mundo), no puede ser ajeno al presente escenario. Ergo, precisa ser asumido desde ineludibles perspectivas. Entonces, no puede ser entendido de manera exclusiva ni excluyente, únicamente desde las canteras del Derecho.

La tutela judicial efectiva, se refiere al derecho que tienen las personas a acceder a los tribunales de justicia de manera rápida e imparcial, con el propósito de obtener una respuesta justa y equitativa a sus controversias legales. Este principio asegura que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de presentar sus casos ante un órgano judicial competente, recibiendo un trato equitativo y sin discriminación. Por su parte, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden publico que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos.